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Columna de abogado Rodrigo Weisner publicada en Diario Financiero: “Infraestructura para emergencias hídricas: ¿Qué (cuánto) necesitamos?”

Frente a desastres ocurridos como los del norte, el sentimiento natural y espontáneo dirá que no existe dinero alguno que valga la pena ahorrarse para evitar la muerte y destrucción, pero lamentablemente, el análisis no es tan simple.

Los ingenieros que trabajaron en la construcción de puentes para los ferrocarriles nos dirán que “esos sí que estaban bien hechos”. Lo mismo ocurre con los Embalses Rapel (1968); Los Aromos (1971); Colbún (1980); tranque de relaves Carén (1987). Todas esas afirmaciones nos llevan a dos preguntas: ¿cuál es la infraestructura que necesitamos para evitar tragedias? ¿Por qué no se ha construido? La respuesta más fácil: “El Estado (Fuenteovejuna) no ha hecho lo que se requiere porque es ineficiente; burocrático y sus funcionarios de mala calidad”. Sin embargo, la realidad es más compleja, la que se esconde detrás de un término muy usado en la ingeniería: “probabilidad de ocurrencia”. En términos simples es la probabilidad de que un evento (inundación de cierta magnitud) ocurra en un tiempo determinado y en un lugar específico. Por ejemplo, si tomamos la decisión que una lluvia nunca implique afección de ninguna casa o ciudad, tendremos que construir una infraestructura que sea capaz de tal labor.

Deberemos, entonces, recurrir a la información estadística, e incluso paleoclimática, para definir que alguna vez, existió en un lugar determinado, una lluvia que ocurre, probabilísticamente hablando, una vez cada 5 mil años. Obviamente sería una exageración.

¿Cuál es el criterio más razonable? En este punto las definiciones no son técnicas sino políticas. El Estado, conforme a los recursos que dispone, define la infraestructura que es posible desarrollar poniendo en una balanza las distintas necesidades que debe cubrir (educación, salud, justicia, etc.) de manera que, mientras más recursos dispone, o más eficiente es en el gasto, mejor será la infraestructura de prevención de desastres. Mientras no disponga de más recursos, o más eficiente sea en el gasto, los profesionales del Estado harán lo que los recursos les permiten hacer. Mientras más dinero tenga, mayor será la obra de contención y defensa frente a crecidas.

Por ahora, sólo nos queda gestionar mejor el territorio, exigiendo que las municipalidades no permitan construir donde es riesgoso, y la labor de coordinación y alerta frente a fenómenos puntuales, pero muy intensos, sea eficiente. Se deberá gestionar la cuenca de manera integral, impidiendo la intervención ilegal de quebradas y eliminando las causas de aumento de la erosión. El resto, es discurso para la galería.

Rodrigo Weisner, socio de Puga Ortiz Abogados