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Juan Esteban Puga: “La ley concursal no tiene por función proteger a deudores insolventes, sino al mercado del crédito”

El abogado, que acaba de actualizar dos de sus libros sobre la materia, se refiere a la nueva normativa sobre Reorganización de Activos de Empresas y Personas que, aunque con algunos avances, a su juicio es “muy deficiente”. Entrevista para El Mercurio Legal.

Luego de más de 30 años en vigencia, la Ley de Quiebras fue reemplazada —el pasado 9 de octubre— por la Ley de Reorganización de Activos de Empresas y Personas. Frente a este nuevo panorama, el abogado Juan Esteban Puga lanzó dos versiones actualizadas de sus conocidos libros sobre Derecho Concursal: “El acuerdo de reorganización” y “Del procedimiento concursal de liquidación”, los que llegan así a su cuarta edición.
En ellos, el especialista en insolvencia, reestructuración de pasivos, quiebras y convenios actualiza el material a la realidad actual, aunque reconoce que fue una revisión que le costó hacer y que cree durará poco. “Es urgente arreglar un sinnúmero de graves defectos de la ley que van a perjudicar seriamente el mercado del crédito y a ralentizar al extremo los procesos concursales”, señala.

Además agrega que esta nueva normativa es “muy deficiente y, desde luego, peor que el régimen derogado”. ¿La razón? Porque “no es más amistosa con los deudores de verdad y, al mismo tiempo, perjudica mucho a los acreedores”. De esta forma, se reconoce contrario a la nueva institucionalidad, afirmando que “no era partidario de incrementar el gasto público y crear más burocracia”.

Para él, una ley concursal “no tiene por función proteger a deudores insolventes, sino al mercado del crédito, que beneficia a todos los deudores y a la actividad económica en general”.

— Recientemente se dictó la primera sentencia de liquidación voluntaria de bienes, ¿qué opina sobre cómo se manejó ese procedimiento? 

— En eso la ley en nada cambia con lo anterior, sólo el intrincado procedimiento para designar los otrora síndicos y hoy liquidadores, así como las formas de notificación.

— ¿Cómo quedó establecida y ha funcionado la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento? 

— Creo que los procesos de liquidación ante la Superintendencia serán muy poco, dados los requerimientos de la ley, ya que ésta exige al deudor que durante 90 días esté en cesación de pagos de al menos dos créditos por un valor agregado de UF 80 y que durante todo ese período no lo notifiquen de ninguna demanda. Por el contrario, ante los tribunales serán muchos, porque éstos extinguen todas las obligaciones, al no hacer falta en el proceso judicial de liquidación cumplir con todos esos requisitos, por lo que se usarán para alimentos, para obligaciones previsionales, para evadir responsabilidad extracontractual por accidentes e incluso para responsabilidad por delitos.

Además, en este último caso el deudor puede pedir su liquidación cuántas veces desee y, en este proceso, entran todos los acreedores conocidos o ignorados, en cambio, el trámite ante la Superintendencia sólo alcanza a los acreedores de la nómina hecha en base a la información suministrada por el deudor. Por último, el proceso de liquidación no alcanza a rentas futuras, como los salarios.

Aquí se debió obrar con más cuidado y más estudio del sistema de Estados Unidos, que lleva ya casi 30 años y que se ha ido ajustando mucho, especialmente con la reforma de 2005, que apuntó a hacer más difícil el acceso a los beneficios de este procedimiento y a aumentar todavía más las obligaciones que no pueden ser extintas merced del mismo.

— En este sentido, en comparación con otros países, tanto latinoamericanos como a nivel global, ¿cómo queda posicionado Chile? 

— Distintos profesores extranjeros, como el español Ignacio Tirado de la Universidad Autónoma de Madrid, no se han manifestado muy positivos respecto del texto. Además, tampoco ha ocurrido la promesa del ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, de que tras ser aprobada la ley, Chile ascendería nueve puntos en materia de competitividad.

— ¿Qué le parece la figura del acuerdo de reorganización extrajudicial o simplificada, dirigida a deudores con pocos acreedores o con pasivos concentrados? ¿Es lo adecuado, debería ser mejorado? 

— La idea, que viene de Francia y Estados Unidos, tiene muchos beneficios, entre otros, que se llega al tribunal con el acuerdo logrado, lo que daña mucho menos que el procedimiento normal.

En Chile, sin embargo, esto tiene el gran defecto de que se publique por el Boletín Concursal el cual, naturalmente, no lee nadie, de forma que el acuerdo puede ser muy perjudicial para la mayoría real de acreedores. Pese a ello, sin duda es un avance.

— Y sobre el tratamiento que se hace en la nueva ley de las causales de concurso de liquidación, ¿cuál es su evaluación sobre el Procedimiento Concursal de Liquidación en la actualidad?

— En este aspecto la ley es un verdadero desastre, porque confundió lo que eran medios de prueba eficientísimos de la insolvencia, como las antiguas causales del artículo 43 de la derogada normativa, con la causa misma y convierte el juicio de quiebras o juicio concursal en una mera cobranza judicial.

 Analizando el derecho concursal

“Derecho Concursal. El acuerdo de reorganización”

Al igual que en sus ediciones anteriores, el texto se divide en cuatro secciones, sin embargo, se cambia la última, que anteriormente estaba enfocada en la cesión de bienes —que en la nueva ley no se contempla—, por la de procedimientos de renegociación de deudores “consumidores”, que la normativa denomina “personas deudoras” para diferenciarlas de las “empresas deudoras”.

En este sentido se analiza brevemente los sistemas convencionales de abordar la insolvencia de los consumidores, esto es, de personas naturales que no desarrollan por cuenta propia ninguna actividad de producción o provisión de bienes o servicios. Se trata —dice— de toda una novedad, ya que en Chile no existía hasta ahora nada similar. Además señala que el nuevo régimen queda casi en su totalidad, con excepción de las acciones de impugnación de los acuerdos de renegociación o ejecución, en manos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, una asignación muy debatida pero finalmente apoyada por el autor.

En tanto, la primera parte trata sobre el estudio de los principios generales en materia de convenios o acuerdos de reorganización, cuya denominación está tomada de la ley 1.116 de Colombia, y a una breve mirada histórica sobre estos institutos. Pese a las innovaciones de la ley 20.720, los principios generales no sufren alteraciones significativas respecto de las ediciones anteriores del libro.

La segunda parte trata sobre el análisis del instituto del acuerdo de reorganización para empresas deudoras, donde la nueva legislación contempla novedades, como la protección financiera concursal y los convenios por categorías de acreedores, aunque manteniendo la estructura del régimen anterior. En esta sección se estudia la figura de reorganización extrajudicial o simplificada que, siguiendo las tendencias modernas, acentúa la importancia de lograr acuerdos por mayorías antes de la etapa judicial, para así acortar el período de tramitación que causa un daño a las compañías eventualmente viables.

La tercera parte del texto conserva el estudio de los convenios extrajudiciales stricto sensu, es decir, contratos o convenciones sujetas a las reglas del derecho común. Debido a que su utilidad es innegable —dice—, en otras partes del mundo esta figura ha tomado un renovado impulso, dadas las ventajas que representa ante el acuerdo judicial, sea el común o simplificado.

“Derecho Concursal del procedimiento concursal de liquidación”

Al igual que su otro libro, éste también se encuentra dividido en cuatro partes. La primera analiza la cesación de pagos, eje dinámico y estructural de todo el derecho concursal. En este sentido, la nueva edición analiza las inconsistencias de la nueva ley, en especial por la ligereza con que se tratan las causales de concurso de liquidación, pasando por encima de una tradición centenaria que las tuvo siempre por medios del prueba del fenómeno de la insolvencia y no como causas propiamente tales de la ejecución colectiva, señala el autor.

En la segunda parte, se mantiene el carácter eminentemente procesal del Procedimiento Concursal de Liquidación, pero se hace notar el cambio estructural en el sentido de que elimina el contradictorio postergado que constituía el mal llamado recurso especial de reposición. A juicio del autor, este cambio está inspirado por la Insolvenzordnung alemana de 1994 y la Ley de Concursos española de 2003, pero en Chile se establece con elementos locales que desorientan la actividad de la judicatura y pueden llegar a desnaturalizar el instituto de ser un remedio contra la insolvencia a un mero medio de cobranza individual.

Esto incide también en las modificaciones que el texto experimenta en su tercera parte, ya que la nueva estructura procesal de esta ejecución colectiva concursal, que es el Procedimiento Concursal de Liquidación sufre una profunda transformación, pues el procedimiento deja de ser un equivalente colectivo y universal a la ejecución civil individual, para transformarse en un híbrido con elementos propios del proceso declarativo y otros del proceso de ejecución. Estas modificaciones son, sin duda, lo más novedoso de la ley, junto con el nuevo régimen concursal para consumidores.

En la cuarta parte se analizan los procedimientos concursales para personas naturales que no son productores o proveedores de bienes o servicios por cuenta propia, es decir, lo que en el derecho comparado se denominan procedimientos concursales para consumidores o asalariados. En esto, pese a críticas menores, el autor se muestra entusiasta, porque viene a salvar un vacío no menor en el país.

 

Juan Esteban Puga, socio de Puga Ortiz Abogados